José Luis Álvarez Álvarez (Madrid, 1930-Cabo de Palos, Murcia, 2023), jurista, coleccionista, político, promotor de empresas culturales, gran defensor y precursor de la conservación del patrimonio cultural, fue recordado en la Academia con palabras de reconocimiento pronunciadas por el jurista Alfredo Pérez de Armiñán.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando mantiene la tradición de rendir homenaje a los académicos de número y honorarios recientemente fallecidos, encomendando a otro académico de número recordar su personalidad y su obra en una sesión extraordinaria y pública del Pleno de la Corporación, como la celebrada en memoria de José Luis Álvarez Álvarez.
Me ha correspondido el honor de intervenir en esta sesión, en nombre de la Academia, no teniendo más justificación para ello que ser uno de los tres académicos que compartimos con él la dedicación a la protección del Patrimonio Cultural y al fomento de las artes desde el campo del derecho y la gestión cultural. Los otros dos son José Luis Yuste y Gregorio Marañón. Cualquiera de ellos podría muy bien representar a la Academia, pero, en mi caso, se da la circunstancia añadida de mi estrecha relación con José Luis Álvarez desde el ya lejano año 1977, en que nos conocimos, así como el hecho de que fue, muchos años después, quien me hizo el honor de contestar a mi discurso de ingreso académico.
Con él tengo, pues, una impagable deuda de gratitud, pues hace cuarenta y seis años me abrió el camino de mi dedicación al Patrimonio Cultural, y desde entonces no dejé de colaborar con él en muchos otros empeños, hasta que su enfermedad le impidió continuar su fecunda tarea en defensa del legado cultural español, culminada con su actuación en esta Academia, que acaba de relatar nuestro secretario general.
Cuando le conocí, José Luis Álvarez, que tenía un gran prestigio como jurista, acababa de ser designado por el primer ministro de Cultura, Pío Cabanillas, como presidente de la Comisión redactora del Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico y Artístico, de la que formaban parte personalidades como Fernando Chueca, Sebastián Martín-Retortillo y Evelio Verdera.
Tuve la gran suerte de que José Luis Álvarez aceptase la propuesta del entonces secretario de Estado de Cultura, Gabriel Cañadas, para que yo ocupara la secretaría de esa Comisión entre los años 1977 y 1978, siendo yo un recién estrenado letrado de las Cortes.
Con la constitución de esa Comisión, el primer Gobierno de la UCD, presidido por Adolfo Suárez, ya antes de la aprobación de la Constitución, pretendía reemplazar la venerable Ley del Patrimonio Histórico-Artístico de 1933 por un nuevo cuerpo legal adaptado a los profundos cambios producidos en la sociedad y la economía española. Además de sistematizar la prolija normativa entonces existente e incorporar nuevas técnicas de protección de los bienes de interés histórico y artístico, se partía, sobre todo, de la necesidad de conectar la protección del Patrimonio y la regulación del urbanismo y la ordenación del territorio, máxime si se tenía en cuenta que el crecimiento económico y la transformación urbana habían sido causas principalísimas, desde los años sesenta, de la destrucción y deterioro de muchos de nuestros mejores conjuntos históricos y paisajes.
El libro de Fernando Chueca, La destrucción del legado urbanístico español, aparecido precisamente en 1977, daba cumplida noticia de ello, y en los albores de la Transición, los sectores intelectualmente más inquietos de la sociedad española eran muy conscientes de los problemas que planteaba la conservación del Patrimonio en una sociedad económicamente desarrollada, fomentando la aparición de asociaciones y entidades dedicadas a su defensa y proponiendo la adopción de medidas de protección mucho más efectivas que las existentes.
José Luis Álvarez contribuyó decisivamente a impulsar ese proceso; primero en 1976, con la creación de la Asociación Hispania Nostra, de ámbito nacional, que convoca en España los Premios Europa Nostra y que sigue en plena actividad casi medio siglo después, por lo que recibió en 2021 la Medalla de Honor de esta Academia; luego, en 1978, recién nombrado alcalde de Madrid, con la aprobación del primer catálogo de edificios de interés histórico-artístico de la capital, que puso fin al acelerado proceso de deterioro del legado arquitectónico del centro histórico de Madrid iniciado en la década anterior y fue el punto de partida de su protección jurídica, culminada con la declaración en 1995 del Recinto de la Villa de Madrid como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico.
El anteproyecto de ley redactado por la Comisión presidida por José Luis Álvarez entre 1977 y 1978, tras muchos avatares, se transformó en proyecto de ley. Fue enviado a las Cortes en 1981 por el Gobierno de la UCD presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo, del que ya entonces formaba parte José Luis Álvarez, siendo sucesivamente ministros de Cultura de ese Gobierno Íñigo Cavero y Soledad Becerril.
Ese proyecto de ley nunca llego a debatirse ni aprobarse, por la disolución parlamentaria que condujo al Gobierno de Felipe González, tras la victoria electoral del Partido Socialista en octubre de 1982. Sin embargo, como han recordado algunos autores, fue el antecedente directo de la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, en la que participó también de manera muy brillante José Luis Álvarez, como miembro de la Ponencia de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados y portavoz en ella del principal grupo de la oposición.
Él consiguió, junto con el entonces ministro de Cultura, Javier Solana, que esa Ley fuera aprobada definitivamente por el Congreso con el consenso de los dos grupos parlamentarios más importantes, el Socialista, entonces mayoritario, y el Popular, introduciendo de común acuerdo en el texto legislativo muchas enmiendas que lo perfeccionaron de forma muy considerable. Así lo demuestra la publicación de los Trabajos Parlamentarios de ese cuerpo legal, aparecida en 1986.
Sus palabras en el Congreso, al terminar la tramitación legislativa, dirigiéndose a la Cámara y al Gobierno, son muy representativas de ese espíritu: “Quiero hacer un reconocimiento público -decía- del trabajo realizado en Ponencia y Comisión, que ha servido para enriquecer y mejorar el contenido del proyecto, porque es la primera vez en esta legislatura en que se ha tratado de examinar a fondo las enmiendas sin considerar de dónde venían. Si esta actitud se extendiera a otros proyectos, repercutiría en beneficio de nuestras leyes”.
Como ha señalado recientemente su hijo Segismundo Álvarez Royo-Villanova, refiriéndose a esa intervención parlamentaria de su padre, “en este momento en que se legisla para sacar un titular y nadie parece entender la función de la deliberación parlamentaria, estas palabras suenan más actuales que nunca”.
El acuerdo parlamentario alcanzado en 1985 fue confirmado sustancialmente por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 1991, y ha permitido que la Ley del Patrimonio Histórico Español, que desarrolla los artículos 44, 46, 149.1.28 y 2 de la Constitución, haya servido desde entonces, con independencia de los sucesivos cambios políticos, como marco de referencia de la posterior, y a mi juicio demasiado abundante, legislación autonómica reguladora del Patrimonio Histórico y Cultural. Sin ese marco, esa legislación se habría convertido, con toda probabilidad, en una fronda difícil de explorar y sería fuente de conflictos mayores de los que hoy suscita.
La Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 es, por tanto, la clave de bóveda de este sector de nuestro Derecho público, y obra de José Luis Álvarez en buena medida, tanto en sus antecedentes inmediatos como en su configuración definitiva. Representa uno de esos meritorios y duraderos cuepos legales que sirven de forma silenciosa, pero eficaz, para ordenar nuestra vida en común. Sólo eso bastaría para que José Luis Álvarez fuera recordado como uno de los mayores y mejores protectores del Patrimonio español, pero su actuación en este campo fue mucho más lejos, como veremos.
La personalidad de José Luis Álvarez combinaba pensamiento, entusiasmo, integridad y acción a partes iguales, abriendo siempre nuevos caminos. Su capacidad de anticiparse era uno de sus rasgos más característicos. Lo demostró con creces a lo largo de su vida: notario de Madrid en 1958, a los veintiocho años, y pionero además desde la siguiente década en el estudio de importantes y siempre actuales cuestiones jurídicas: la igualdad jurídica de hombres y mujeres, con su tesis doctoral de 1967 sobre El estatuto de la mujer soltera o viuda en el Derecho privado español; la regulación de la propiedad horizontal, con sus trabajos sobre El título constitutivo de la propiedad horizontal y La cuota de participación en la propiedad horizontal; la mejora del régimen de la sociedad anónima, con su estudio sobre El aumento de capital y el derecho de suscripción preferente del accionista; la reforma de la regulación de las fundaciones culturales, con su participación muy activa en la redacción del primer Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 1972; y, sobre todo, la protección jurídica del Patrimonio Cultural, a través de su importante libro de 1975, La transmisión de obras de arte, de su fundamental obra Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español y la Ley de 25 de junio de 1985, de 1989, y de los numerosos trabajos recopilados en su último libro, Estudios jurídicos sobre el Patrimonio Histórico Español, de 2004, sin olvidar su participación, entre 1976 y 1978, como asesor designado por la Santa Sede, en la preparación de los vigentes Acuerdos Iglesia-Estado, uno de los cuales es el Acuerdo de Asuntos Culturales, que se refiere particularmente al ingente Patrimonio Cultural de la Iglesia en España, al que, posteriormente, dedicó varios estudios.
No quiero tampoco dejar de mencionar su labor como experto internacional designado por el Consejo de Europa para la protección del Patrimonio Cultural del Centro y Este de Europa después de la caída del muro en 1989, mostrando ya entonces un especial interés en la conexión entre el Patrimonio Cultural y el Natural, que tuvo reflejo en la definición de la misión protectora de esta Academia en ese campo, al introducirse en el año 2004, a iniciativa suya, en nuestros vigentes Estatutos.
También he de subrayar su impulso de los estudios jurídicos en esta materia, a través de la presidencia del Consejo de Redacción de la revista Patrimonio Cultural y Derecho, editada desde 1996 por Hispania Nostra.
En esa misma dirección, siempre pionera, José Luis Álvarez fue también, como ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, el primero que puso en práctica, a partir de 1980, el llamado “1% cultural” en los contratos de obras en los aeropuertos españoles, mediante el encargo y adquisición de obras de artistas contemporáneos que están en el origen de la actual colección de arte de la Fundación AENA. Y antes de su paso por la vida pública, participó en 1976 en la constitución de la Sociedad Promoción del Patrimonio Cultural (PROPAC), la primera empresa privada española dedicada a la rehabilitación del Patrimonio monumental para nuevos usos -implantando actividades en los edificios históricos de propiedad privada semejantes a lo que habían representado en el sector público los Paradores de Turismo desde 1928. Fruto de esta empresa, hoy desaparecida, fue la rehabilitación de la Torre de Queveda en Cantabria, que recibió el premio Europa Nostra en 1978.
A todo ello hay que añadir su labor como impulsor, junto con otras personas, de todo tipo de entidades sin fines de lucro dedicadas a la protección y conservación del Patrimonio Cultural: la ya citada Asociación Hispania Nostra en 1976, la Fundación de Amigos del Museo del Prado en 1980 y la Fundación Real Fábrica de Tapices en 1998, así como su labor, impulsado por su mujer Mercedes Royo-Villanova, como coleccionista de pintura, sobre todo flamenca y holandesa de los siglos XVI y XVII, conservando, estudiando y restaurando obras importantes como El Cristo crucificado de Rubens o La Santa Cena de Van Dyck, o El recaudador de impuestos, de Pieter Brueghel El Joven”. Para lo cual ambos se apoyaron con gran acierto en el gran especialista español en pintura flamenca, Matías Díaz Padrón.
Su ingreso como académico de número a esta Real Academia de Bellas Artes en noviembre de 1993, presidido por S. M. el Rey D. Juan Carlos, respondió, pues, a su dilatada y rica labor en favor de nuestro Patrimonio como jurista, coleccionista, político y promotor de empresas culturales.
No fue, sin embargo, el primer jurista y político elegido por la Academia por su contribución a la protección de las artes y del Patrimonio Cultural. Lo habían sido muchos otros, desde la creación de la Corporación en el siglo XVIII, como lo demuestran los ejemplos, sólo en la época contemporánea, del primer marqués de Pidal, don Pedro José Pidal, de don Antonio Cánovas del Castillo o del conde de Romanones, entre otros. Pero sí fue el primero de todos ellos integrado en la Academia, principalmente, por su condición de estudioso de la protección jurídica del Patrimonio Cultural, disciplina a la que, como hemos visto, se había consagrado.
Por ello, su discurso de ingreso, y así lo acaba de recordar nuestro secretario general, titulado de modo muy significativo España, Sociedad y Estado de cultura, tras un recorrido por nuestro legado histórico y cultural, se centró en la presencia y significación de la cultura en el estado social y democrático de Derecho establecido en nuestra Constitución. Y en la estela del espíritu ilustrado, tan propio de esta Academia, desplegó en ese discurso las finalidades y las consecuencias de la extensa regularización constitucional de la cultura.
Ante todo, sobresalía en aquél la idea de que el poder público y las entidades que conforman la sociedad deben promover el aprecio, conocimiento y disfrute del patrimonio cultural y de las artes, las letras y las ciencias, no sólo a través del sistema educativo sino también de las instituciones culturales, los medios de comunicación y el mecenazgo. Siempre con respeto a la libertad creadora de los individuos y la iniciativa cultural de la sociedad, sin dirigismos de ningún tipo. Para él, el Estado y la sociedad eran complementarios, no opuestos, y cada uno tenía su respectivo campo de acción, pero debían colaborar en el mantenimiento del legado cultural, en su renovación y en su enriquecimiento.
“Creo –decía José Luis Álvarez– que en el momento histórico en que nos encontramos hay muchas razones para que podamos y debamos hablar de un “Estado de Cultura”, menos construido aún que el “Estado de Derecho”, y que tratemos de construirlo porque nuestra Constitución da pie para ello”.
A lo que añadía: “Un Estado de Cultura es aquel que privilegia y da prioridad a la educación, al estudio, a la ciencia, a las artes y las letras, a la lectura y la reflexión. En una palabra, es aquél que alienta la existencia de una sociedad en la que los valores del espíritu, el conocimiento y el desarrollo de la capacidad de sus ciudadanos, son objetivos principales, porque contribuyen, no sólo a la riqueza y bienestar del país, sino a la realización de los objetivos básicos de libertad, igualdad, justicia, pluralismo y tolerancia y convivencia pacífica que son los ideales de una sociedad realmente humana”.
La contestación a su discurso de ingreso correspondió a Álvaro Delgado, uno de los más destacados académicos, impulsor junto con los sucesivos directores Luis Blanco Soler, Federico Sopeña y Ramón González de Amezúa de la gran renovación de la Academia en las últimas décadas del siglo XX.
Álvaro Delgado había retratado a José Luis Álvarez, al igual que a muchas otras personalidades, y fue, indudablemente, el miembro de la Academia al que se sintió más unido a lo largo de los años en que ambos compartieron asiento entre nosotros.
En su contestación, el retratista describió con agudeza al retratado: “Es inevitable que en estos momentos evoque mis primeros encuentros con él […] Estos primeros encuentros tuvieron siempre lugar en aeropuertos, prestos al embarque en camino a algún lugar donde hubiese Museos y monumentos en aquellos inolvidables e inteligentes viajes a los que nos convocaba la “Fundación de Amigos del Museo del Prado” que había ayudado a crear […] siempre acompañado de su mujer Mercedes y, alguna vez, de su pequeña tropa familiar. Nunca faltaba entre sus manos una guía del Museo o de la ciudad que visitábamos, que hojeaba con el mismo gesto que después he vuelto a verle repetir en su Notaría revisando algún documento”.
“Una de sus singularidades eran, y son, las prisas. Prisas que le hacían, y le hacen, hacer en menos tiempo lo que a cualquiera de nosotros nos exige un tiempo mayor. Quizás, en lugar de prisas, pudiera hablarse de rapidez. O más justo aún, de presteza. Palabra posiblemente más indicadora de profundidad. Y es posible que a esta cualidad deba la extensión de su “curriculum” y el alto número de sus trabajos y publicaciones”.
Y, en efecto, la eficacia, con rigor y profundidad de visión, caracterizaba la actuación de José Luis Álvarez en todos los campos. Lo demostró en sus altas responsabilidades públicas, como alcalde de Madrid, dos veces ministro – de Transportes y Comunicaciones y de Agricultura- y diputado en la I y II legislaturas, en su brillante actividad profesional como notario y profesor, en sus libros y publicaciones, en sus iniciativas culturales. En todas ellas unía a la capacidad de acción y organización y al entusiasmo, un talante comprensivo y desprendido, impregnado de auténtica humildad y humanidad. Marcelino Oreja, gran amigo suyo y compañero en sus tareas políticas, desde el Grupo “Tácito” en los primeros 70 hasta la constitución del Partido Popular en 1989, pasando por el Gobierno de la UCD, ha hablado precisamente de su bondad y espíritu de justicia, en el precioso artículo que publicó con motivo de su muerte.
En esta Academia podemos dar fe de ello. Su estado de salud le apartó hace años de las tareas académicas, pero el largo tiempo en que pudo desempeñarlas, lo hizo con la mayor generosidad y entrega a la Corporación, por lo que le recordamos con sincero agradecimiento.
Esa misma entrega, siempre al servicio de valores superiores, inspirados en su profunda fe cristiana, se encuentra en las demás facetas de su vida, empezando por la ejemplar familia que ha formado con su mujer, nuestra querida Mercedes, quien le ha correspondido con admirable amor y dedicación a lo largo de los sesenta años de su matrimonio. Su unión ha estado, además, basada en una comunidad de inquietudes espirituales e intereses artísticos especialmente atrayente. Pocos matrimonios han sido tan inseparables como el suyo, de manera que resulta inevitable, cuando se habla de uno de ellos, hablar del otro. Por eso, para los que hemos tenido el privilegio de ser sus amigos, siempre serán, conjuntamente, José Luis y Mercedes.
Como colofón, de José Luis Álvarez cabe decir, parafraseando al Quijote, que, aunque “no es un hombre más que otro, si no hace más que otro”, él ha hecho en su vida mucho más que casi todos, y todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien.
Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna
